Una iniciativa legislativa popular (ILP) que busca derogar la ley 18/2013, que otorga a la tauromaquia la categoría de patrimonio cultural, se está perfilando como un tema crucial en la política española. Esta iniciativa, que ha recolectado 664.777 firmas válidas, obliga al Congreso a votar sobre el futuro de la fiesta de los toros. Con un plazo de seis meses para la decisión, los parlamentarios tendrán que pronunciarse, lo que podría determinar el destino de una tradición profundamente enraizada en la cultura española.
La ley que se busca derogar fue aprobada en 2013 y ha sido vista por muchos como un respaldo a la tauromaquia como un valor cultural de la nación. Sin embargo, un sector importante de la sociedad y de los políticos considera que su protección restringe las competencias de las comunidades autónomas y los municipios, que deberían tener la potestad de decidir sobre la celebración de estos eventos. Los promotores de la ILP, un colectivo denominado «No Es Mi Cultura», argumentan que la tauromaquia debería ser tratada como un espectáculo público más, y no como un patrimonio cultural protegido por la Constitución.
Actualmente, las comunidades autónomas tienen la autoridad para regular las ferias taurinas, pero no pueden prohibirlas debido a su estatus de patrimonio cultural. La eliminación de esta protección permitiría a los gobiernos locales prohibir las corridas de toros y otros eventos taurinos si así lo deciden. Esta es la razón por la que la iniciativa ha ganado fuerza en diversas partes del país, especialmente en aquellas regiones donde la tauromaquia es menos popular.
El Parlamento deberá decidir ahora si conserva esta protección cultural o si avanza hacia la desprotección, lo que permitiría una prohibición más amplia de los eventos taurinos. Esta votación promete ser una disputa política en la que los principales partidos del país tendrán que fijar su posición. El partido gobernante, el PSOE, ha mantenido una actitud ambigua respecto a este asunto. Aunque históricamente ha mostrado respeto por la tauromaquia, ha habido una división interna sobre cómo enfrentar su futuro. El PSOE ha apoyado algunas medidas en favor de la tauromaquia, como la recuperación del Premio Nacional de Tauromaquia, pero también ha tomado decisiones polémicas, como la eliminación de este premio en 2024.
En contraste, la derecha y el Partido Popular rechazan la propuesta, argumentando que salvaguardar la tauromaquia es crucial para la identidad cultural de España. Por otro lado, agrupaciones como Unidas Podemos y Esquerra Republicana han promovido de manera decidida la eliminación de las corridas de toros y están de acuerdo con quienes creen que preservar la tauromaquia es algo anticuado.
El triunfo de la ILP podría transformar profundamente el ámbito taurino, posibilitando que las administraciones locales decidan sobre la realización de estas actividades. Asimismo, la supresión de la ley que ampara la tauromaquia influiría en otros ámbitos vinculados, como la financiación estatal para el impulso de las corridas de toros y su incorporación en proyectos culturales, como el Bono Cultural Joven.
En relación a la práctica del toreo, los datos oficiales revelan una leve caída en la cantidad de eventos en los años recientes. En 2023, se llevaron a cabo 1.474 corridas, comparadas con las 1.546 del año anterior. No obstante, estas estadísticas todavía superan las cifras anteriores a la pandemia, lo que señala que el toreo continúa siendo una tradición vigente en varias zonas del país, especialmente en Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Andalucía.