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La Guardia Civil localiza en un año 74 pozos ilegales que regaban 2.050 hectáreas y contribuían al deterioro del mar Menor | Clima y Medio Ambiente

La Guardia Civil localiza en un año 74 pozos ilegales que regaban 2.050 hectáreas y contribuían al deterioro del mar Menor | Clima y Medio Ambiente

Las imágenes de las orillas de las playas del mar Menor de Murcia llenas de peces muertos se repiten periódicamente. Las razones del desastre ecológico y de la contaminación de esas apreciadas aguas, declaradas por la ONU Zona Especialmente Protegida de Importancia para el Mediterráneo, son diversas: “La salmuera sobrante de las desaladoras, los nitratos procedentes de los fertilizantes que se filtran en la tierra y acaban contaminando el acuífero conectado a esa albufera mediterránea, y los vertidos ilegales”, resume el fiscal delegado de Medio Ambiente de Murcia, Miguel de Mata. Desde 2009 lucha porque se cumpla la normativa en su región y disminuir la contaminación o permitir su recuperación. Ahora, de la mano del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, han desarrollado la operación Anóxica con la que han destapado 74 pozos ilegales con los que un total de 37 agricultores (imputados) regaban más de 2.000 hectáreas, cuyos fertilizantes presuntamente han ido a parar al mar Menor. Frente al procedimiento administrativo, han abierto la vía penal contra este tipo de delitos medioambientales: “No puede ser que la infracción le salga rentable al infractor”, dice De Mata. Los acusados se enfrentan a penas de entre seis meses y cinco años de prisión.

La investigación de la Unidad Central de Medio Ambiente (UCOMA) del instituto armado —en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambiente y la Confederación Hidrográfica del Segura— se ha centrado en investigar la posible contaminación proveniente de las irregularidades en las explotaciones agrícolas de la zona del llamado Campo de Cartagena. El resultado de más de un año de trabajos de campo, inspeccionando numerosas actividades agrícolas ubicadas en la zona de afección del mar Menor, concretamente en los términos municipales de Murcia, Cartagena, Torrepacheco y Fuente Álamo, es la detección de esos más de 70 pozos de los que se obtenía agua sin licencia para toda clase de explotaciones agrícolas. Una situación que los investigadores relacionan con el episodio de gran mortandad de peces en el espacio natural del Mar Menor en agosto de 2021.

En total, y gracias a un sistema de cálculo basado en las plantaciones existentes en la zona y en su producción, los investigadores estiman que se han usado sin autorización alguna 25,5 millones de m3 de agua —el equivalente a toda el agua que tiene en la actualidad el embalse de la Pinilla de Madrid—, con la consecuente sobrefertilización del suelo con 377.600 kilos de nitratos “que habrían afectado a la calidad de las aguas de acuíferos del mar Menor”, aseguran los agentes del Seprona. Son 22 las personas investigadas y 15 las personas jurídicas, es decir, las empresas y están acusados por “15 delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente por extracciones indebidas de aguas subterráneas y el vertido de grandes cantidades de nitratos”.

“Fue necesario determinar las superficies cultivadas en un periodo de tiempo, el tipo cultivo y modo de riego, usos del agua y utilización de fertilizantes y fitosanitarios para poder llegar a la determinación de la concreta afección medioambiental que pudiera haber ocasionado esta parte de cultivo irregular”, explican los agentes para mostrar la complejidad del cálculo y la localización de las parcelas.

Desde que a mediados de 2016 se produjo un grave colapso del mar Menor, conocido como “sopa verde” o, más técnicamente, como “eutrofización” (cuando masa de agua recibe un aporte muy elevado de nutrientes inorgánicos, principalmente nitrógeno y fósforo), La Fiscalía comenzó a investigar lo que estaba sucediendo también con las desaladoras que presuntamente realizaban vertidos de salmuera que iban directos al subsuelo y, de ahí, al acuífero. Fue denunciada la Consejería de Agricultura y varios funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Segura por “falta de control” y presunta “prevaricación”, recuerda el fiscal De Mata. Desde entonces, según él, y tras el procesamiento de un consejero y varios directores generales, ha ido produciéndose un “cambio de paradigma” en la lucha por el mantenimiento del medio ambiente, y hay “una mayor conciencia, al menos en las instituciones”, asegura. Tras cuatro años de instrucción, el procedimiento más general abierto entonces, está a falta de que la Audiencia Provincial de Murcia señale el juicio.

Pero, esta última operación junto con el Seprona ha dejado en evidencia que los vertidos de salmuera no eran lo único que perjudicaba el equilibrio del mar Menor, sino que había otros factores ligados al uso y abuso del agua y de las tierras colindantes. Según De Mata, se estima que, aparte de las 2.000 hectáreas ahora descubiertas, puede haber otras 6.000 hectáreas de riego irregular en el Campo de Cartagena que, además, se está sobrefertilizando. “Sostenida esa actividad en el tiempo, todo ese exceso de nutrientes acaba en el acuífero y, de ahí, a nuestra albufera mediterránea”, advierte el fiscal. Además, están las balsas de purines del ganado porcino mal impermeabilizadas, que también afectan a la contaminación del acuífero. Y, por último, los vertidos de aguas residuales, “por ejemplo de estaciones de depuración que realizan alivios irregulares”, apunta el fiscal, que asegura que “venimos de una época en la que no se ha prestado suficiente atención a la contaminación por nitratos de la agricultura en el mar Menor, aunque ahora la colaboración de las instituciones y organismo afectados es total, ahora está muy vigilado el Campo de Cartagena”.

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De Mata, que no cree que la vía penal sea la solución al problema, se muestra optimista hacia el futuro y asegura que no se trata tanto de cambiar el modelo productivo en la región como de que se cumpla con la normativa: “Si se respeta la legalidad, es sostenible”, asegura. Defiende, además, que “no se puede tardar cinco años en sancionar a una persona que ha dilatado el proceso judicial a base de presentar recursos, sino que es importante que se puedan imponer medidas cautelares de embargo o de cierre de explotaciones para que se lo piensen dos veces antes de cometer este tipo de delitos y, para ello, también son necesarios más controles y más recursos humanos”. El fiscal recuerda que, al mismo tiempo, debería haber “una mayor inversión en I+D que haga más eficiente la gestión del agua con tecnología e infraestructuras que permitan su reutilización”.

Precisamente la semana pasada, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera (PSOE), y el presidente de Murcia, Fernando López Miras (PP), escenificaban con un paseo por el mar Menor un acuerdo para recuperar la laguna y firmaban un convenio para la creación de una Comisión Interadministrativa de coordinación que intente su recuperación ecológica dañada, principalmente, por los nitratos procedentes de los fertilizantes que se utilizan en las explotaciones agrícolas.

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