España ha avanzado considerablemente en la preservación de los mares al ser la primera nación de Europa en aprobar el Tratado sobre la Diversidad Biológica Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional, llamado Tratado de Alta Mar. Este pacto internacional, registrado en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, provee una estructura legal sólida para la salvaguarda de la biodiversidad en las aguas internacionales, que abarcan cerca de dos tercios de los océanos del mundo.
El propósito fundamental del Tratado de Alta Mar es salvaguardar al menos el 30% de las áreas de alta mar para el año 2030, alineándose con el objetivo global 30×30 establecido en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal. Hoy en día, menos del 2% de estas zonas están protegidas, subrayando la relevancia y premura de este pacto.
Este tratado cubre diversos aspectos esenciales para la preservación marina:
- Reglamentación de actividades humanas en alta mar: Implanta regulaciones para administrar y supervisar actividades como la pesca, la extracción minera submarina y el tránsito marítimo, con el objetivo de reducir su impacto en el medio ambiente.
- Establecimiento de áreas marinas protegidas: Facilita la creación de zonas de reserva marina en áreas fuera de las jurisdicciones nacionales, lo cual ayudará a la conservación de ecosistemas frágiles y especies amenazadas.
- Reparto equitativo de beneficios: Establece mecanismos para asegurar que los beneficios derivados de la utilización de recursos genéticos marinos se distribuyan equitativamente entre las naciones, fomentando la justicia y la cooperación internacional.
La aprobación por parte de España reafirma su dedicación a la protección del entorno marino y al multilateralismo. La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, subrayó la importancia de este pacto, indicando que «hoy nuestro país reafirma su compromiso con la agenda ambiental, el multilateralismo y un proyecto global que impulsa la prosperidad de todos mediante la protección de los bienes públicos globales».
Para que el tratado tenga efecto, se requiere la ratificación de un mínimo de 60 países. Hasta ahora, 16 naciones, entre ellas España, han finalizado este procedimiento. Chile fue el primer país en aprobar el tratado en febrero de 2024. Una vez que se alcance el mínimo de 60 ratificaciones, el tratado entrará en vigor después de 120 días.
Para que el tratado entre en vigor, es necesaria la ratificación de al menos 60 países. Hasta la fecha, 16 naciones, incluyendo España, han completado este proceso. Chile fue el primer país en ratificar el tratado en febrero de 2024. Una vez alcanzado el umbral de 60 ratificaciones, el tratado entrará en vigor 120 días después.
Organizaciones ecologistas han elogiado la ratificación de España. Grupos como WWF, Greenpeace y Ecologistas en Acción han resaltado el simbolismo y la importancia de este paso, instando a otros países a seguir el ejemplo español para garantizar la pronta entrada en vigor del tratado y avanzar hacia la protección efectiva de los océanos.
España ya ha mostrado su dedicación a la conservación marina a escala nacional, con un 21% de su superficie marina protegida. El propósito del gobierno es elevar esta proporción al 25% en el año en curso y lograr un 30% para 2030, en línea con los objetivos fijados en el tratado.
La aprobación del Tratado de Alta Mar por parte de España no solo consolida su liderazgo en la protección ambiental, sino que además transmite un mensaje claro a la comunidad internacional sobre la relevancia de la cooperación y el compromiso conjunto para proteger los océanos, esenciales para la vida en el planeta.
La ratificación del Tratado de Alta Mar por parte de España no solo refuerza su liderazgo en la protección ambiental, sino que también envía una señal clara a la comunidad internacional sobre la importancia de la cooperación y el compromiso colectivo para salvaguardar los océanos, que son fundamentales para la vida en la Tierra.
Se espera que la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano, programada para junio en Niza, Francia, sea un punto de inflexión, donde más países se sumen a la ratificación del tratado. La vicepresidenta Aagesen expresó su confianza en que «Niza va a ser para la protección del océano lo que ha sido París para la lucha contra el cambio climático», subrayando la necesidad de que más naciones se unan a este esfuerzo global.