El Consejo Nacional Electoral de Colombia se reunió el lunes para evaluar la posibilidad de abrir un referéndum sobre la campaña presidencial de 2022 de Gustavo Petro, quien supuestamente excedió los límites de financiamiento permitidos. Este consejo, compuesto por 10 magistrados elegidos por el Congreso, necesita el apoyo de al menos seis para decidir sobre la investigación.
Dos magistrados, uno de ellos de un partido opositor, afirmaron que la campaña de Petro podría haber violado los límites de financiamiento en aproximadamente 1,2 millones de dólares. Los demás magistrados están revisando este informe antes de votar.
La posible investigación ha generado un intenso debate político y jurídico. Hay cuestionamientos sobre la competencia del Consejo para investigar al presidente, quien goza de un fuero especial y debería ser analizado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. Petro ha calificado la investigación como un intento de “golpe de Estado al estilo colombiano” y teme que pueda llevar a un impeachment.
El Consejo de Estado ha aclarado que, aunque el presidente tiene inmunidad, el Consejo puede investigar y aplicar sanciones económicas. Sin embargo, corresponde al Congreso llevar a cabo una investigación más profunda y, en su caso, destituir al presidente. En las últimas tres décadas, ningún presidente colombiano ha sido destituido mediante juicio político.
El abogado de Petro, Héctor Carvajal, ha presentado un recurso ante el Consejo de Estado para defender la inmunidad del presidente y ha advertido que, si se abre la investigación, recurrirá a la Corte Constitucional y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. A pesar de las críticas, el Consejo reafirmó su autoridad para investigar campañas electorales, subrayando que la inmunidad presidencial no está en cuestión.