Abusos en la infancia: empiezan a los 11 años, la víctima es una niña y el agresor es del entorno y no tiene antecedentes | Sociedad

Los abusos sexuales rompen la infancia y las víctimas no solo tienen que recomponerse de ese horror, sino que además se enfrentan a un sistema que no las protege lo suficiente. Un informe de Save the Children publicado este jueves analiza 389 sentencias judiciales y constata que el 80,3% de las víctimas son niñas o chicas adolescentes y que la edad media a la que empiezan los abusos está alrededor de los 11 años. También permite concluir que los agresores son en un 82,9% de las ocasiones alguien de su entorno, bien familiar o conocido, y que el 67,2% no tiene antecedentes. Catalina Perazzo, directora de incidencia política y social de la entidad, va más allá: “El 96% de las personas abusadoras no tenía antecedentes por delitos sexuales. Esto liga con el mito de que son monstruos y seríamos capaces de identificarles, que si ocurriera en nuestro entorno nos daríamos cuenta, pero no siempre es así”. A esto se añade que, dos años después de que se aprobara la conocida como Ley Rhodes, que mandataba a instaurar juzgados especializados en violencia contra la infancia, estos siguen sin crearse. Tres de cada cuatro casos analizados tardaron más de dos años en resolverse.

La realidad que refleja el informe, el tercero que Save the Children elabora tras analizar sentencias judiciales sobre delitos sexuales contra menores de edad, es estructural. Tanto es así, que las principales conclusiones sobre el perfil de las víctimas y de los agresores se mantienen. En 2021, según los últimos datos disponibles del Ministerio del Interior, casi la mitad de las denuncias presentadas por delitos sexuales tuvieron a menores como víctimas. Fueron 8.317, pero se estima que solo el 15% de los casos se denuncian, recalca la entidad. Así que el problema es mucho mayor de lo que reflejan los datos. “La situación no ha mejorado, o no lo suficiente. Los adolescentes, sobre todo niñas, siguen sufriendo abusos sexuales en la infancia por parte del entorno conocido, en muchas ocasiones la familia, y la justicia sigue sin estar especializada o adaptada a sus necesidades”, apunta Perazzo.

Las sentencias analizadas corresponden a los años 2021 y 2022 y, además de la información a nivel nacional, se dan datos para Andalucía, Cataluña, Madrid, Comunidad Valenciana y País Vasco. En el informe anterior, con resoluciones judiciales de 2019 y 2020, se informaba de que el 67,3% de los procesos se habían resuelto a los dos años. Ahora solo el 23,5% lo hace en este periodo. La amplia mayoría se dilata, por tanto, más de lo deseable, en unos casos en los que las víctimas son especialmente vulnerables. Además, Save the Children critica que hay menores “que siguen teniendo que declarar más de una vez, llegando a hacerlo antes del juicio hasta tres veces, en la policía, la fiscalía y el juzgado”.

La entidad también señala que solo en un cuarto de las sentencias se especifica que se realizó una prueba preconstituida, que consiste en grabar la declaración de la víctima durante la fase de instrucción para que posteriormente esta no deba testificar de nuevo en el juicio, exponiéndose a revivir su dolor. Esta declaración se realiza ante personal especializado, normalmente del ámbito de la psicología, y con todas las garantías judiciales. En la mayoría de las resoluciones analizadas no se especifica si se aplicó o no. La Ley Orgánica de Protección de la Infancia y de la Adolescencia frente a la Violencia, conocida como Ley Rhodes en referencia al pianista James Rhodes, que sufrió abusos en su niñez, instauró la obligación de esta prueba para todos los menores de 14 años. Perazzo explica que en el 18,6% de las sentencias en las que se recoge que se practicó esta prueba se apunta también que, además de existir una grabación, los menores tuvieron que declarar en el juicio.

Perazzo considera fundamental evitar la revictimización. “Esta se produce cuando al niño o la niña se les está, por un lado, haciendo repetir el testimonio en numerosas ocasiones y ante distintas personas, pero también incluso en cómo se realiza esta entrevista. No todas las personas que recogen esa información están especializadas. Cada vez más, pero no siempre. Y eso produce un sufrimiento adicional respecto a lo que han vivido”, expone la experta. No solo tienen que repetirlo, sino que hay veces en que hasta “se duda de lo que dicen”. Esto es especialmente importante porque el testimonio es la principal prueba en la mayoría de los casos de abusos sexuales, de hecho es la única en muchos de ellos. Cuando pasa tiempo entre una declaración y otra, algo común entre la denuncia, la declaración en la fase de instrucción y el juicio, es posible que los niños cuenten lo ocurrido de manera distinta, o incluso que haya contradicciones, una vez que los menores han procesado lo ocurrido o incluso se han sometido a terapia, prosigue Perazzo.

La experta explica que la ley aprobada hace dos años mandata a crear protocolos en todos los ámbitos en los que se mueve la infancia, desde el educativo al judicial, para protegerles. “En el primer informe que hicimos [en 2017], explicábamos lo que ocurre y no debería ocurrir. Se producía una revelación en el colegio, la profesora llamaba a la directora, la directora a la madre, esta a la policía… y el niño tenía que contar lo sucedido una y otra vez. La ley de protección a la infancia prevé que haya profesionales especializados y que sepan que en cuanto hay un indicio se puede poner en marcha el mecanismo para que no deba pasar por todo esto”, indica. Una cosa es denunciar que han existido abusos y otra, exponerse a ofrecer una detallada declaración una y otra vez.

Perazzo dice que le consta que ha habido avances en estos dos años, por ejemplo, en la formación en la escuela judicial. Sin embargo, son muy insuficientes. “En la pasada legislatura hubo tres proyectos de ley que iban a reformar el sistema de justicia y que podrían haber servido para incluir la especialización, pero han decaído”. Espera que el nuevo Gobierno cree juzgados especializados en violencia contra la infancia, lo cual implicaría una Fiscalía específica y que haya formación inicial y constante de los operadores jurídicos. También aboga por implantar en todas las autonomías el modelo nórdico Barnahus, que significa casa de los niños en islandés, y que permite la atención integral, ya que todas las instituciones que intervienen en un caso de abuso sexual infantil se coordinan para evitar la revictimización. La primera se abrió en Cataluña en 2020 y ya hay siete autonomías que han seguido sus pasos. Incluso hay un proyecto entre la Unión Europea y el Consejo de Europa en España, en colaboración con el Ministerio de Derechos Sociales, para que se mejore el marco legislativo para introducir este modelo.