España cuenta en los registros oficiales con uno de los menores datos de mortalidad materna del mundo, un importante indicador del índice de desarrollo y del funcionamiento de los sistemas sanitarios de un país. Según el Banco Mundial, con datos de 2020, tres mujeres mueren por cada 100.000 nacidos vivos en el país, una cifra que lo sitúa entre los 10 del mundo con mejores registros. Este dato coincide con los publicados por el Intituto Nacional de Estadística (INE), que desde 2015 muestra en esta tasa una oscilación de entre 1,7 y 3,6 fallecimientos al año.
Un nuevo registro realizado por el Grupo Español de Seguridad Obstétrica (GESO), una sociedad científica formada por ginecólogos, anestesistas y matronas, ha revelado ahora que los datos oficiales adolecen de una infranotificación importante y que la mortalidad materna en 2021 —de 3,26 según el INE— fue en realidad cuatro veces mayor: 13,76 fallecimientos por cada 100.000 partos. Esta cifra permite estimar que unas 46 mujeres perdieron la vida por esta causa hace dos años en lugar de las 12 recogidas por las estadísticas oficiales.
“Es un dato importante y que nos ha sorprendido por su magnitud incluso a los especialistas, que sabíamos desde hace años que el sistema no estaba detectando todos los fallecimientos”, explica Alberto Puerta, responsable del registro y jefe de sección de Obstetricia y Ginecología en el Hospital Virgen de las Nieves (Granada).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la mortalidad materna como el fallecimiento de una mujer durante la gestación, el parto o en los 42 días posteriores “por cualquier causa relacionada o agravada por el embarazo o su atención”. Esta mortalidad es “directa” cuando tiene su origen en una complicación del propio proceso y se considera “indirecta” cuando la causa es un problema de salud previo que se ve agravado en esta etapa. En cambio, no se tienen en cuenta aquellos fallecimientos con causas no relacionadas, como por ejemplo un accidente de tráfico.
El nuevo registro ha recopilado en su primera edición datos de 60 hospitales españoles de todos los tamaños, desde varias de las mayores maternidades de España especializadas en atender los casos más complejos —hospitales de La Paz (Madrid), Parc Taulí (Sabadell), La Fe (Valencia)…— a los de menor nivel asistencial. En total, estos centros atendieron casi 111.000 partos en 2021, uno de cada tres de los registrados ese año en España.
“Es una muestra muy representativa que ofrece una imagen precisa de la situación real. España cuenta con muy pocos datos perinatales que se publiquen de forma regular, muchos menos que en otras especialidades. Era una necesidad conocer las tasas reales no solo de mortalidad materna, sino de muchos otros indicadores”, defiende Puerta.
No es la primera vez que un trabajo impulsado por especialistas cuestiona los datos oficiales. Investigadores de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) han realizado en las últimas dos décadas tres estudios basados en encuestas a responsables de servicios hospitalarios que han mostrado una infraestimación importante. En el primero, publicado en 2002 con datos de 1995 a 1997, esta era del 61,7% (7,15 fallecimientos por cada 100.000 nacimientos vivos en lugar de los 2,74 recogidos en el INE). En el segundo, con información de 2005 a 2007, este porcentaje era casi el mismo: 61,4% (8,08 y 3,12, respectivamente). En el tercero, de 2010 a 2012, se había reducido al 48,3% (6,01 y 3,11).
“Estos estudios basados en encuestas ofrecen una imagen valiosa, pero adolecen de un sesgo de comunicación. Las preguntas se mandan a todos los hospitales, pero solo contestan una parte [el 23,6% en el último estudio de la SEGO], que tienden a ser los que mejores datos presentan. Son muy útiles para identificar un problema, pero es difícil que muestren su magnitud real”, explica Óscar Martínez, presidente de GESO y ginecólogo en el Hospital de Formentera.
Alberto Puerta atribuye las deficiencias en los cálculos de la mortalidad materna en España a la falta de coordinación entre los distintos niveles asistenciales. Anna Suy, presidenta de la Sección de Medicina Perinatal de la SEGO, coincide: “Un ejemplo son las mujeres que sufren hígado graso del embarazo, una complicación rara pero grave. Si una paciente ingresa en la UCI por este motivo y fallece, la causa en el certificado de defunción será un fallo hepático y muy probablemente no acabará constando en los registros como mortalidad materna”.
La SEGO valora el nuevo registro como una “buena idea”, pero considera que debería hacerse de otra forma para disponer de datos “completamente validados”. “Un registro de estas características debería contar con la participación del Ministerio de Sanidad y el INE, y con cambios en los sistemas de información de obligado cumplimiento para todos los hospitales para evitar posibles duplicidades u omisiones. Nosotros lo hemos tratado de impulsar, pero hasta ahora no hemos conseguido implicar a todos los actores necesarios”, lamenta Suy. Esta sociedad está “explorando” experiencias llevadas a cabo por sociedades científicas en otros países para implementar nuevos sistemas de información sobre la misma materia.
Mejorar los sistemas de información
Un portavoz del Ministerio de Sanidad afirma que “España sigue los criterios fijados por Eurostat [la Oficina Estadística de la Unión Europea] para recopilar y comunicar los datos referentes a estos y otros procesos asistenciales”, aunque, en todo caso, se muestra “abierto a cualquier debate y cambio que pueda mejorar los sistemas de información de acuerdo con los demás países”.
Los profesionales lamentan que las debilidades de los sistemas de detección no han permitido identificar en España el aumento de mortalidad causado por la pandemia. “Los grandes países occidentales sí han detectado este incremento. El INE, en cambio, no lo recoge. Que sepamos, en España fallecieron al menos cinco gestantes por complicaciones relacionadas con el coronavirus en 2021 antes de que se acelerara la vacunación en este colectivo”, ilustra Martínez.
Por ello, admiten los responsables del registro, la pandemia puede haber hecho que el dato de mortalidad materna de 2021 sea en su trabajo inusualmente alto. “Es muy probable que la tasa en estos próximos años descienda, porque sí hemos detectado el incremento causado por el coronavirus. Pero, en cualquier caso, seguirá siendo mayor que en los datos oficiales”, añade Martínez. Según los datos del Banco Mundial, España se situaría en algún lugar cercano a Francia (ocho fallecimientos), Reino Unido (10), Canadá (11) o Portugal (12). “Siguen siendo datos de países con un nivel de desarrollo similar al nuestro. Lo que no parece fiable es que tengamos un nivel de 3,6, muy por debajo de los países nórdicos [entre cinco y siete]”, sentencia este especialista.
La falta de estadísticas precisas conlleva varios problemas, según los profesionales. El primero es que se está enviando un dato que no refleja la realidad a los organismos internacionales, como el Banco Mundial, la OMS y la Unión Europea. El segundo, más importante, es que desconocer la dimensión real del problema impide tomar medidas para afrontarlo. “No puedes solucionar lo que no ves. Un obstáculo en este caso es que son muy pocas las mujeres que fallecen a causa del embarazo. Un gran hospital puede tener un caso cada dos años. Es una cifra demasiado pequeña. Solo agregando casos de todos los centros puedes tener un volumen suficiente para detectar problemas y aplicar soluciones”, afirma Suy.
Asistencia a las gestantes
Además de la mortalidad materna, el nuevo registro también recopila datos de una veintena de indicadores relacionados con la asistencia a las gestantes. Sobre el inicio del parto, el 58,5% es espontáneo, el 32,9% inducido y el 7,8% por cesárea. La finalización es en el 64,6% de las veces eutócica —transcurre sin complicaciones y se completa por vía vaginal sin instrumental—, mientras en el 13,8% sí requiere instrumental y el 21,9% acaba con cesárea. Cuando es necesario, el instrumental más utilizado son las ventosas (68,8%), fórceps (21,6%) y espátulas (9,3%).
El estudio divide los datos de todos los hospitales en cuatro grupos según su complejidad asistencial, lo que permite hacer comparaciones entre ellos y detectar diferencias que puedan ayudar a mejorar los resultados de aquellos con peores indicadores.
Los responsables del GESO ya trabajan en la segunda edición del registro con los datos de 2022, que prevén publicar a final de año. En esta ocasión ha crecido el número de hospitales —entrarán en el estudio al menos 70—, un proceso que quieren continuar en el futuro hasta incluir al mayor número posible de centros sanitarios. Por ahora, están sobrerrepresentados los grandes hospitales y la presencia de centros privados es pequeña: solo el 8% son privados o público-privados. “Es previsible que a medida que se incorporen centros de titularidad privada, algunos indicadores sufran cambios. El más evidente es el porcentaje de cesáreas, que es más elevado en ellos”, concluye Puerta.
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