Un hombre de 26 años con denuncias por malos tratos ha sido detenido como presunto autor del asesinato, a cuchilladas, de su exmujer, Tatiana Beatriz A. T., de 25 años, y de la hija de ambos, de apenas cinco, la madrugada de este lunes. Ha sucedido en el domicilio en el que vivían la mujer y la niña en el distrito madrileño de Carabanchel, según informan portavoces de Emergencias Madrid y de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El hombre había amenazado de muerte en otras ocasiones a la víctima, y fuentes de Interior explican a este periódico que ella llegó a tener medidas de protección, de las que se encargaba la Policía Municipal, y que estuvo dentro del sistema VioGén, el de seguimiento de las víctimas de violencia machista. Actualmente su caso se encontraba “inactivo” y las medidas habían sido retiradas hace más de tres años, después de que el hombre, Jhoel Anthony S. A., fuese absuelto en un procedimiento por maltrato.
La madrugada de este domingo, sobre las doce y media, Samur acudió a la vivienda donde residían Tatiana Beatriz y su hija, situada en el número 62 de la calle de Jacobeo, tras recibir un aviso de los vecinos. Todo ocurrió pasadas las once de la noche, según cuenta Judith Osorio, una vecina que conocía a Tatiana Beatriz, la víctima. A esa hora, una moto aparcada en el garaje del edificio se cayó y activó la alarma del vehículo. Se estaba produciendo la agresión. “Un vecino había llegado unos minutos antes, aparcó la moto y subió a casa. Cuando la moto cayó y prendió la alarma, él bajó y la encontró herida frente al ascensor”, relata Osorio.
Fue entonces cuando los vecinos llamaron a la Policía y a los servicios de emergencia. En el garaje la encontraron a ella inconsciente, ensangrentada, en parada cardiorrespiratoria y con múltiples heridas de arma blanca en el tórax y en otras partes del cuerpo. Arriba, en el dormitorio principal de la vivienda estaban la niña y el padre, también en parada e inconscientes. Los médicos tampoco pudieron salvar a la menor, que mostraba una herida de arma blanca en el cuello. En cambio, sí pudieron recuperar al hombre y trasladarlo en estado grave al hospital 12 de Octubre. Tenía una herida en el cuello que, según la investigación, apunta a un intento de suicidio. Está ahora detenido en el hospital.
Ambos, víctima y agresor, eran de origen peruano. Una vecina, que tiene relación con el padre de la víctima, cuenta que en el piso donde vivían Tatiana Beatriz y su hija vivía también, al menos, una tía de la mujer; y, según Interior, “no constan otros hijos menores en el Sistema VioGén”.
Ella sí constó en ese sistema. Ocurrió en 2020. Según el documento de diligencias previas de la Fiscalía Provincial de Madrid al que ha tenido acceso este periódico, en la madrugada del 6 de septiembre de 2020, Jhoel Anthony, el ahora presunto asesino, discutió con Tatiana Beatriz. “Con intención de menoscabar la integridad física de Tatiana, así como de imponer su voluntad”, con “actitud agresiva y violenta”, le dio golpes en la espalda y en los brazos a la vez que le decía “puta y perra”.
Una semana después, ella acudió al hospital de Torrejón de Ardoz, en el informe constan una “contractura cervical, hematoma en cara interna de brazo derecho ya evolucionado, sin tumefacción ni limitación a la movilidad, lesiones compatibles con mecanismo descrito por ella, que tardaron en curar 7 días no impeditivos por los que la perjudicada reclama”. El parte médico es del 14 de septiembre de 2020.
Ese día, “tras la presentación por parte de la víctima de una denuncia por malos tratos en el ámbito familiar” contra su presunto asesino, los agentes de la comisaría local de esa localidad madrileña la dieron de alta en el sistema VioGén. Cuando realizaron la evaluación policial de riesgo, el caso fue calificado con un nivel “alto [existen cuatro rangos, extremo, alto, medio y bajo], con especial relevancia”, por la existencia de la menor. En 2017, entre las medidas del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, estuvo incluir a los hijos e hijas en cómo la policía mide el riesgo de las víctimas; se hace desde entonces y la existencia de menores es uno de los llamados factores de riesgo estáticos junto, por ejemplo, al historial previo de víctima y agresor.
Esa evaluación del riesgo hizo que se activaran medidas de protección policial y, de forma complementaria, el Juzgado de Instrucción Número 4 de Torrejón de Ardoz (Madrid), el 15 de septiembre, estableció una orden de protección imponiendo la prohibición de aproximación y comunicación a la víctima a menos de 500 metros. El 30 de octubre, fue el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 4 el que desestimó las medidas.
Explica el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en una nota que el juzgado denegó la orden de protección porque no existía una “situación objetiva de riesgo que exige la ley”. Es decir, que se “trataba de un hecho aislado” y que “la presunta víctima, siguiendo el consejo de su padre, que convivía con ellos, le aconsejó no denunciar, y que si lo hizo fue una semana después”. No por su propia protección, “sino por intentar evitar que él se llevara a su hija a Perú, pues en aquellos días tuvo conocimiento de la intención de él de regresar a su país y temió que pudiera llevarse a la niña”. Aun así, pese a esa resolución, la protección policial continuó hasta el 14 de mayo de 2021, informan desde Interior. Y en ese momento en el que el caso pasa a estar inactivo, de acuerdo con los registros policiales, “no convivían”.
El juicio oral fue más de dos años después: el 29 de noviembre de 2022. Y, recoge la sentencia, no quedaba acreditado que él le hubiese pegado. En el juicio, él contó que fueron pareja sentimental, que vivían juntos en aquel momento, y que sí habían discutido “por temas económicos, los gastos de la casa”, pero negó los golpes y los insultos. La víctima contó que no solo eran pareja entonces sino en ese mismo momento, y “como había pasado mucho tiempo no recordaba lo sucedido, solo que tuvieron una discusión”, que era cierto que lo había denunciado, “que fue vista por el forense pero no recuerda que tuviese lesiones” y que no reclamaba indemnización.
Según la sentencia, las lesiones que presentaba Tatiana, “por las múltiples causas que pudieron producirlas”, ante la versión del acusado y el de ella, y sin testigos presenciales o de referencia, “no permiten concluir, con un mínimo de certeza, que derivasen de una agresión del acusado”. Y en base a eso, “y en aplicación del principio “in dubio pro reo”, debe dictarse una sentencia absolutoria”, que se firmó el 1 de diciembre de 2022 en el Juzgado de lo Penal Número 37 de Madrid.
Este lunes, Fran Luis, el padre de Tatiana Beatriz, ha ido y venido en la mañana de este lunes entre su casa y el número de 62 de la calle de Jacobeo. “Las mató a las dos”, ha dicho brevemente a la prensa, cuando ha salido del edificio en el que ocurrió el crimen que hoy enluta al barrio, donde los vecinos han convocado una manifestación a las 18.00 de este lunes frente a la estación del metro de La Peseta. “Caminaremos juntas hasta la calle de Jacobeo. Se nos han puesto los pelos de punta porque justo este fin de semana nos hemos manifestado contra la violencia machista. No es posible, no nos pueden matar, nosotras no somos de nadie. Solo nuestras”, asegura Pepa Gallego, del grupo Mujeres Sin Miedo, de la Casa del Barrio de Carabanchel.
Cuando se confirme, Tatiana Beatriz será la víctima número 53 en España y la sexta en Madrid en lo que va de año; la estadística desde que hay datos oficiales, en 2003, ascenderá a 1.238. Hay, además, dos casos más en investigación. De las 52 víctimas, 30 son españolas y el resto, de otra nacionalidad.
El último caso antes del de este lunes fue el de una mujer colombiana de 39 años, presuntamente asesinada por su cónyuge, del que estaba en fase de ruptura, en plena calle en el barrio del Sector III de Getafe (Madrid) el pasado 4 de noviembre. La víctima no tenía hijos ni hijas menores de edad y también existían denuncias previas por violencia de género contra el presunto agresor. De las 52 víctimas en lo que va de año, 12 habían denunciado a su agresor.
La menor asesinada en este último crimen será la número 50 desde que se registran estadísticas del asesinato a menores en los crímenes machistas, en 2013. En los 49 casos ya confirmados desde aquel año, en 13 de ellos el agresor también contaba con una denuncia previa y 28 convivían en la misma casa cuando se produjo el asesinato. En 44 de los 49 casos, eran los padres biológicos de los menores.
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha lamentado el doble crimen machista: “[Las muertes por violencia de género] son insoportables y una sociedad avanzada y democrática tiene que luchar contra esta violencia estructural”. En su despedida del pleno municipal del Ayuntamiento de Valladolid, donde deja el acta de concejala junto al nuevo ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, Redondo ha aprovechado para pedir una reflexión sobre los datos de violencia de género, que debe llevar a “implementar todas las medidas” contra esta violencia que afecta a la democracia, informa Efe.
La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deporte, Pilar Alegría, ha reconocido que los datos de la violencia de género “no son buenos” y ha instado a “mejorar” en todo lo necesario para corregir esta situación. “Es muy importante que sigamos a través de todos los medios que disponemos mejorando aquellas cuestiones que haya que mejorar”, ha argumentado Alegría en una entrevista en TVE.
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia machista, a sus familias y a su entorno las 24 horas del día, todos los días del año, en 53 idiomas diferentes. El número no queda registrado en la factura telefónica, pero hay que borrar la llamada del dispositivo. También se puede contactar a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y por WhatsApp en el número 600 000 016. Los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. Si es una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). Y en caso de no poder llamar, se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.