Los gremios de Atlántico y Bolívar han mostrado su desacuerdo con las resoluciones 1729 de 2023 y 2615 de 2024 del Instituto Nacional de Vías (INVÍAS), que imponen un impuesto a las ganancias de capital en el corredor costero entre Cartagena y Barranquilla. Alegan que estas resoluciones violan principios constitucionales y no cumplen con la Ley 1819 de 2016, ya que no se demostró un beneficio económico claro para los predios afectados.
El Comité Intersindical del Atlántico y el Consejo Sindical de Bolívar pidieron al Ministerio de Transporte derogar estas resoluciones, citando que no se realizaron los estudios técnicos y socioeconómicos necesarios y que se aplicó retroactivamente la ley tributaria, lo cual contraviene la Constitución.
En un debate en el Congreso, la ministra de Transportes, María Constanza García, defendió el impuesto, indicando que está respaldado por la Ley 1819 y el Plan Nacional de Desarrollo. Sin embargo, los sindicatos criticaron la metodología utilizada para calcular la base imponible y la distribución de la contribución, señalando la falta de criterios objetivos y la inclusión injusta de hogares vulnerables.
Los gremios también rechazaron destinar ingresos a obras en Atlántico, Magdalena, Bolívar y Cesar, argumentando que estos proyectos deberían estar en el presupuesto nacional. Consideran injusto el aporte requerido, especialmente porque gran parte de la vía es de calzada única.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, presentó una demanda de nulidad contra estas resoluciones, afirmando que se emitieron sin estudios técnicos adecuados. En respuesta, la ministra García afirmó que la información utilizada es actual y verificada.
El impuesto proyecta recaudar 724 mil millones de pesos, afectando entre 52 mil y 240 mil inmuebles en un radio de 5 kilómetros de la carretera. Para mitigar el impacto, el Ministerio de Transporte anunció que el 40% de los predios estarán exentos del impuesto.