¿Quién es apto para vivienda en Bogotá?

Bogotá sigue siendo el bastión de la política neoliberal en nuestro país, reafirmada por el gobierno de Carlos Fernando Galán. El difícil acceso a una vivienda adecuada muestra cómo los intereses de clase buscan definir, crear y gestionar la ciudad para su propio beneficio. Los programas sociales de Bogotá, algunos de los cuales fueron diseñados para ayudar a los residentes más vulnerables, se han utilizado para beneficiar a unos pocos, favores políticos y privilegiar al sector privado. El nuevo Plan de Desarrollo Distrital (PDD) es un ejemplo sorprendente, ya que se centró en impuestos más altos para la clase media en lugar de soluciones de asequibilidad para la población vulnerable, y otorgó mayores beneficios económicos y exenciones fiscales a las grandes empresas de construcción.

Es importante recordar que el déficit habitacional en Bogotá en 2022 había 328.060 viviendas, de las cuales el 11,1% estaban en la zona urbana y el 37,2% en la zona rural. Esta escasez incluye no sólo la falta de vivienda, sino también la mala calidad de las viviendas existentes para las familias bogotanas. Desde el punto de vista cuantitativo, el déficit es de unas 40.130 viviendas, y desde el punto de vista cualitativo, hay un déficit de 287.930 viviendas.

Según las bases del PDD, en 2022 más de 2,2 millones de personas vivían con menos de 536.108 dólares al mes y aproximadamente 639.000 personas con menos de 246.192 dólares al mes. A pesar de los subsidios, las personas vulnerables no tienen poder adquisitivo para financiarse y conseguir una vivienda en mejores condiciones, lo que los obliga a soportar situaciones inhabitables como caídas de techos, filtraciones de agua, paredes en mal estado y derrames de aguas residuales.

Esta contradicción se refleja en la propuesta de la Secretaría de Vivienda, especialmente en los programas para facilitar el acceso a vivienda social (VIS) y vivienda prioritaria (VIP) para personas de escasos recursos. Aunque se otorgan subsidios para viviendas de menor valor, la administración anterior priorizó estos beneficios para la construcción, sin estrategias claras para garantizar el acceso a los residentes vulnerables, situación que continúa bajo el nuevo PDD. Se dan subvenciones a las empresas constructoras sin comprobar primero qué estándares son necesarios para construir viviendas dignas.

Durante la administración de Claudia López se realizaron convenios con empresas constructoras, a pesar de sus deficiencias, permitiendo la entrega de infraestructura deficiente y daños a la ciudadanía. Un ejemplo es la constructora Gerencia + Desarrollo Constructora SAS, que se encargó de la construcción de departamentos en San Cristóbal vía Usma, específicamente el proyecto San Miguel II. Los vecinos denunciaron graves daños en las viviendas entregadas, como goteras y humedades, que provocaron incluso problemas de salud por las bajas temperaturas y los malos materiales de construcción.

Aunque se han presentado investigaciones y se han comprobado defectos de construcción, la secretaría de Hábitat menciona que sólo una autoridad judicial puede determinar la responsabilidad de la empresa. Esta respuesta significa la perdición para los propietarios que tienen que esperar por un procedimiento costoso y lento al que no pueden acceder fácilmente mientras siguen viviendo en condiciones dignas.

La Secretaría de Vivienda ha prometido sanciones para subsanar las deficiencias y garantizar una «vivienda digna», pero esto aún no se ha materializado. Además, mencionan que el acceso a una vivienda adecuada no puede estar sujeto a la “libre disposición de las personas”, independientemente de las consecuencias adversas para la seguridad e integridad de la población.

Es fundamental que las entidades pertinentes actúen con decisión y den seguimiento a estos casos, asegurando que las poblaciones más desfavorecidas tengan acceso a los mecanismos necesarios para defender sus derechos, en lugar de recibir mejoras superficiales. Se debe dar prioridad a garantizar la disponibilidad de viviendas dignas, no a aumentar los beneficios de las empresas constructoras.