El obispo César García Magán, secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ha abandonado su tono amable para responder a los medios cuando este viernes, durante una rueda de prensa, un periodista le ha preguntado sobre la posición de la Iglesia ante la inmigración ilegal y la acusaciones —vertidas por el discurso de la ultraderecha— de la alta criminalidad que genera. “No se puede hacer la ecuación: Inmigrante es igual a delincuente, es igual a ladrón, es igual a violador. Es una injusticia identificar inmigración ilegal con eso. ¿Qué hay inmigrantes ilegales que han delinquido? Sí, también españoles que delinquen. Esa ecuación no se puede mantener”, exclamo tajante García Magán. Las declaraciones de García Magán llega el mismo día en el que los obispos votan una exhortación pastoral —un documento oficial con directrices sobre un tema determinado— para apelar a los católicos, pero también al resto de la sociedad y a las instituciones, a que promuevan “la integración de las personas migradas y su diversidad cultural”. El documento contiene 42 propuestas y buenas practicas que reflejan el discurso de los obispos españoles en este tema: acoger a todos los que llegan a las playas y aeropuertos españoles en busca de una vida mejor. “Las personas tienen un derecho fundamental de buscar una vida mejor. Las fronteras las hemos inventado los hombres, no las puso Dios”, ha puntualizado García Magán. La Iglesia española cuenta con 119 centros de atención a inmigrantes repartidos por todo el país, en el atiende a más de 90.000 personas al años, según datos de su última memoria.
El secretario ha arremetido contra el discurso anti inmigración y la proposición de leyes para poner freno a la llegada masiva de migrantes: “Tiene que haber una regulación, [pero] para la defensa de los propios inmigrantes, para que no caigan en la redes de mafias. Por eso ahí están los gobiernos y los estados ribereños del mediterráneo y de Canarias exigiendo [colaboración] a Europa. Esto no es solamente un problema del sur de Europa. Es un problema de características universales”. García Magán ha precisado que la regulación debe “ser capaz” de ofrecer soluciones. “Por ejemplo, la legislación española hace prácticamente imposible el reagrupamiento familiar de un inmigrante, aunque estuviera aquí legal”.
El secretario general ha recordado el pasado de España para ahondar en “el derecho fundamental” de migrar para mejorar la calidad de vida. “No olvidemos que este país, en la década de los cincuenta y los sesenta, era de emigración. Muchos de la generación de nuestro abuelos marcharon a Francia, Alemania a Suiza… Ahora, a lo mejor nos creemos que todos somos ricos, guapos e inteligentes nos hemos olvidado de esa realidad de la que venimos”. Finalmente, ha concluido con la anécdota de que en la Iglesia española hay sacerdotes que llegaron como inmigrantes en situación de irregularidad, huyendo de la guerra o desastres: “Han tenido que entrar aquí como ilegales y ahora están ya regularizados y están trabajando pastoralmente al servicio de los españoles”.
No es la primera vez que los obispos muestran su enfado ante los discursos de odio contra los migrantes. Luis Argüello, el nuevo presidente de la CEE elegido esta semana, entonó enfadado ante los medios cuando era secretario general de los obispos que “ninguna persona es ilegal”. “Hay que atender y responder a este grito de necesidad de quienes están sufriendo”, dijo en junio de 2019 ante la propuesta de Vox en la Comunidad de Madrid de retirar la asistencia sanitaria a dicho inmigrantes. Más recientemente, el arzobispo de Madrid, el cardenal José Cobo, ha presentado este jueves junto a los obispados de Getafe y Alcalá de Henares una nota en la que alertaban de la mala situación de hacinamiento en la que viven en el aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid-Barajas decenas de personas que viajaron a España en busca de una vida mejor. También de otros centros, como el Acuartelamiento Primo de Rivera de Alcalá de Henares o el CIE de Aluche. “Resulta imprescindible un plan integral y coordinado de atención y acogida. Nos llegan testimonios de personas trasladadas allí de que son privadas de facilidad de movimientos. También de las dificultades por mantener la higiene mínima y el acceso a ropa, especialmente de abrigo”, señala el documento.
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