El alcalde de Londres, el laborista Sadiq Khan, de 52 años, ha decidido que está en el lado correcto de la historia, y va a seguir adelante con sus planes para reducir la contaminación de la metrópoli británica a pesar de las reticencias desatadas en su propio partido y de los palos en las ruedas colocados por el Gobierno conservador de Rishi Sunak. A partir de este martes, todos los vehículos que no cumplan con los estándares de emisión Euro4 y Euro6 (en el caso de los de motor diésel) y circulen por la zona conocida como Greater London, que incluye 32 condados y la histórica City of London, y aglutina a más 12 millones de habitantes, deberán pagar una tasa diaria de 14,5 euros. Se expande de ese modo la Zona de Emisiones Ultra Bajas (ULEZ, en sus siglas en inglés), a pesar de la oposición mayoritaria (un 60%, según la última encuesta) de las nuevas zonas afectadas y de la marejada política que ha creado la decisión.
La cantidad se suma a los más de 17 euros diarios de la llamada Congestion Charge (Tasa por Congestión), que afecta a la zona más céntrica de la ciudad y, a diferencia de la ULEZ, aplicable 24 horas al día durante todo el año, tiene horarios limitados y excepciones festivas. El propósito inicial de esta tasa respondía más a reducir la congestión de tráfico que a reducir el efecto contaminante.
La multa por infringir la nueva norma será de 180 libras, unos 210 euros, reducida a la mitad si se paga en un plazo de 14 días.
El Ayuntamiento de Khan ha echado mano de todas las estadísticas a su alcance para contrarrestar el aluvión de críticas que se ha ido incrementando a medida que llegaba la fecha de aplicación de la nueva media. En su mayoría hacían referencia al elevado coste que iba a suponer la transición para los ciudadanos con menos recursos y que viven más alejados de sus lugares de trabajo. Según las propias cifras municipales, cerca de un 95% de los vehículos que circulan por Greater London cumplían ya con los estándares de emisión reclamados por la ULEZ el pasado noviembre. Quedan cerca de 692.000 coches, y 851.000 vehículos en total (incluyendo furgonetas o camiones pequeños), que todavía sobrepasan los límites. Para todos ellos, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un mecanismo de subvenciones que supondrá un total de 230 millones de euros. Cualquier ciudadano que vaya a comprar un nuevo automóvil recibirá una ayuda de 2.300 euros, que se ampliará a 5.800 para los vehículos preparados para transportar sillas de ruedas; otros 5.800 para furgonetas de transporte; 8.100 euros para los minibuses y casi 1.200 euros para nuevas motocicletas.
La creación en su día de la ULEZ perseguía la reducción de emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas en la atmósfera londinense. Los datos municipales indican que hasta 40.000 personas mueren cada año como consecuencia de la pobre calidad del aire que se respira en la capital británica.
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Oposición política y en los tribunales
El pasado mes de julio, el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales rechazó los recursos contra la ampliación de la ULEZ presentados por cinco condados londinenses (Bexley, Bromley, Harrow, Hillingddon y Surrey). Sus representantes llegaron a gastar más de un millón de euros en abogados y trámites legales para combatir una medida que el juez Jonathan Swift declaró perfectamente ajustada a la ley, y cuyo trámite previo de audiencia pública había informado debidamente y con tiempo suficiente a los ciudadanos de las nuevas medidas.
Sin embargo, la amenaza de la nueva ULEZ fue clave para que los laboristas perdieran el pasado julio el escaño que el ex primer ministro, Boris Johnson, había dejado vacante en la circunscripción de Uxbrigde y South Ruislip. Las encuestas otorgaban una victoria al principal partido de la oposición, pero la creciente contestación de los vecinos a la ampliación pretendida por el alcalde Khan hizo que finalmente los conservadores retuvieran ese escaño, con una ventaja mínima de poco más de 500 votos. “Sabíamos que ULEZ iba a ser un asunto controvertido, y todos necesitamos reflexionar al respecto, incluido el alcalde”, dijo entonces el líder laborista Keir Starmer, que en los últimos meses ha rebajado de modo claro sus ambiciones medioambientalistas para no espantar al electorado.
El Gobierno conservador de Sunak llegó a plantearse la utilización de sus prerrogativas legales para bloquear los planes de Khan, pero sus asesores jurídicos convencieron al primer ministro para que no emprendiera esa batalla. El Ejecutivo central ha decidido apretar al alcalde por el lado económico, al negarle cualquier ayuda a su plan de subvenciones para la renovación de vehículo. Downing Street sí ha otorgado fondos para planes similares a otras grandes ciudades como Birmingham, Bristol o Portsmouth.
“Los tories [el término con que se conoce a los conservadores británicos] están utilizando como arma política la lucha contra la contaminación ambiental o contra la emergencia climática, porque creen que van a poder obtener alguna ventaja a corto plazo”, denunciaba este fin de semana el alcalde londinense en el Sunday Times. “Pero la gente no es estúpida. Va a ver claramente tanto la razonable necesidad de adoptar medidas como el hecho de que este Gobierno estaba previamente a favor de estas políticas”, ha señalado Khan.
A nadie se le escapa que el primero en poner en marcha la ULEZ fue Boris Johnson, durante su etapa como alcalde de Londres. El entusiasmo del ex primer ministro por la lucha contra el cambio climático se ve sobrepasado por el oportunismo que despliega a la hora de criticar las políticas de Khan. Johnson ha considerado innecesaria, costosa y contraproducente la expansión prevista por el actual alcalde.
Khan intentará alcanzar, dentro de un año, un tercer mandato al frente del municipio londinense. No lo tiene fácil. Apenas un 40% de los ciudadanos apoya su gestión, y el rechazo es muy superior en las áreas más alejadas del centro de la ciudad. La batalla desatada en torno a la ampliación de la ULEZ ha logrado crear mucho ruido negativo contra el primer alcalde musulmán en la historia de Londres. Khan, sin embargo, cree que en esta ciudad, como en todas partes, el que resiste, gana. Y que los cuatro millones más de habitantes que se verán pronto afectados por las nuevas medidas aceptarán más rápidamente las ventajas de un aire más limpio que los inconvenientes de una ley viaria más restrictiva.
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