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Formación Profesional contra la despoblación de la España rural | Sociedad

Formación Profesional contra la despoblación de la España rural | Sociedad

“Si no fuera por los que venimos de fuera, aquí solo habría abuelos. Y en un futuro no habría ni siquiera abuelos. Hay que dinamizar esto, pero hay que hacerlo bien. Hay que convertirlo en un lugar en el que la gente quiera trabajar y vivir”, comenta Pau Gómez. Nacido en Mataró, Barcelona, este hombre de 39 años vive hoy con su familia en La Pobla de Segur, un municipio ubicado en la comarca leridana del Pallars Jussá, en el Pirineo, que es de las más despobladas de Cataluña y la que tiene más núcleos deshabitados. Allí, Gómez trabaja formando a técnicos deportivos en montaña y escalada en el Instituto Centro de Deportes de Montaña (ICEM), donde él mismo se sacó la titulación. Actualmente, el instituto tiene una matrícula de 800 alumnos anuales y ya son más de 3.000 los que se han ido formando en la última década.

Este centro, que imparte ciclos formativos de régimen especial de deportes, es uno de los ejemplos que pone Rodrigo Plaza, responsable de Formación Profesional (FP) de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CC OO), para demostrar que la FP es “una herramienta indispensable para la transformación socioeconómica en el medio rural”. En un informe publicado este junio, el sindicato reivindica esta enseñanza como instrumento clave para repoblar la España rural, y también para frenar el desempleo —25,5%— que la caracterizan. “El objetivo de la FP es capacitar a las actuales y a las futuras personas trabajadoras, o bien asalariadas o bien autónomas, para el desempeño cualificado de las diversas profesiones. Está claro que formarlas en el medio rural y que puedan quedarse ahí es una manera de repoblarlo”, evidencia Plaza.

Aunque el medio rural representa aproximadamente el 85% del territorio nacional, menos del 16% de la población española vive en él, según datos del censo de 2020, pues la mayor parte de los 48 millones de habitantes que tiene España se concentra en áreas urbanas y costeras, como Madrid, Barcelona o Valencia. Mientras, las zonas rurales siguen vaciándose y cuentan con una demografía cada vez más masculina y envejecida que la urbana. Esta despoblación va más allá del abandono de los pueblos.

También afecta, entre otras cosas, en la calidad de vida de las personas, tal y como comparte Gómez. “No es fácil vivir aquí, en el Pallars. Cuesta muchísimo encontrar empleos estables. Al final, el turismo en la zona es muy estacional. En invierno, tenemos el esquí. En verano, la aventura. El rafting, la escalada… Pero nada es estable, y además las condiciones laborales no son buenas. Por otro lado, cuesta encontrar una vivienda a un precio asequible. Muchas son de segunda residencia o dedicadas al turismo, y eso lo encarece todo. En cuanto a servicios… estamos los últimos de la cola. El hospital más cercano, por ejemplo, está a una hora en coche de mi casa”, lamenta.

Al ICEM, celebra Gómez, llegan estudiantes de todos lados. “Hay ecuatorianos, argentinos, chilenos, franceses. De España vienen andaluces, aragoneses, madrileños. Porque somos un centro de referencia. Ahora, ¿la gente se acaba quedando? Pues algunos sí y otros no”, responde, algo desesperanzado. Pese a las dificultades que se encuentran los alumnos, Plaza, de CC OO, es más optimista: “El centro del Pallars es la escuela de montaña donde se forman más guías de todo el país. Luego se quedan a vivir y a trabajar allí. Es un polo de atracción y un pequeño motor económico, como lo fueron antiguamente las escuelas militares”.

Con el fin de repoblar las zonas rurales, que es uno de los requisitos para cumplir la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han desarrollado infinidad de iniciativas, como fomentar el empleo y el turismo rural, mejorar las tecnologías, diversificar los sectores económicos, o incentivar el ecosistema emprendedor, entre otras. Ahora le toca a la FP. Según Clara Sanz, secretaria general de Formación Profesional del Ministerio de Educación, esta enseñanza está “en crecimiento absoluto”. Ha crecido un 68% desde 2012 y un 20% solo en los últimos cuatro cursos, y hoy oferta más de 150 ciclos formativos dentro de 26 familias profesionales.

Con el objetivo de dar respuesta a las necesidades del mercado laboral de los próximos años, en los que el 60% de los puestos de trabajo requerirán una FP de grado medio o superior, entró en vigor en marzo de 2022 la nueva Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la nueva FP. Básicamente, la nueva FP es más flexible, cuenta con más prácticas y permite a los alumnos cursar y combinar formaciones de pocas horas. De esta manera, cada estudiante, en función de sus necesidades, podrá acceder a uno u otro grado. “A la carta”, resume Sanz.

Uno de los objetivos de la normativa, dice, es hacer de la FP un “elemento dinamizador” de las zonas rurales. “Al final, la FP en las zonas rurales mantiene a los jóvenes del territorio en el territorio y atrae a jóvenes de fuera. Además, fija a los trabajadores, genera empleo, crea innovación y emprendimiento, y salva a empresas”, confirma.

Otra opción: dinamizar lo rural desde las ciudades

Ricardo Fernández es profesor de Cocina y Pastelería del centro integrado de formación profesional (CIFP) Carlos Oroza, en Pontevedra. En su opinión, igual de importante es revitalizar las zonas rurales desde los pueblos que desde las urbes. “Aunque estamos enclavados en un entorno urbano, enseñamos a nuestros alumnos a trabajar con pequeños productores del medio rural. Como con Antonio Cavada, que tiene un huerto ecológico llamado El calabacín rojo a unos 15 kilómetros de nuestro centro. Son él y cuatro empleados. Les compramos las frutas, las verduras y las hortalizas. Los elegimos y cuando los alumnos salen del ámbito formativo y empiezan a trabajar, replican esta política”, introduce.

Ramon Rendo, pequeño productor de patos y derivados del pato, va cada septiembre a dar una clase en el centro integrado de formación profesional (CIFP) Carlos Oroza, en Pontevedra.

Hacen lo mismo que con El Calabacín rojo, continúa el chef, con Ánades Galicia, una pequeña empresa agroalimentaria gallega dedicada a la elaboración de productos derivados del pato que está en la aldea de Vilardevós, en el sureste de Ourense, en la frontera con Zamora. Y también con Pazo de Vilane y Casa Grande de Xanceda, a quienes les compran los huevos y los lácteos, respectivamente. “Esta política ayuda a los pequeños productores del medio rural de Galicia, que al final contribuyen a la economía y fijan población. Trabajando con sus productos, ayudamos a que sus iniciativas se consoliden y se asienten”, concluye Fernández.

La privada, al alza

El lugar donde nacen y residen las personas, señala el informe de la CC OO, condiciona su educación, formación y oportunidades a lo largo de la vida. “En España existen tantos modelos de FP como comunidades autónomas, con diferentes normativas que abarcan desde el currículo hasta la relación entre los estudiantes y las empresas, así como el modelo de centro y su integración o separación de los institutos de secundaria”, desarrolla Plaza, del sindicato, que defiende que la nueva normativa debe tener como objetivo la equidad en el acceso y la formación de la población de los territorios de baja intensidad y en riesgo de despoblación.

En este sentido, a la federación le preocupa especialmente que el porcentaje de alumnado matriculado en centros públicos por cada etapa y modalidad varíe “tanto” según la comunidad autónoma y la provincia. “Las diferencias son gigantes”, dice el responsable de CC OO. En Burgos, tan solo el 43,5% del alumnado de FP Básica está escolarizado en centros públicos; en Palencia, el 52,1%; y en Salamanca, el 56%. En Teruel, Soria, Cáceres y Lugo, el 100%. Con el Grado Medio presencial, pasa lo mismo. En Burgos, tan solo el 47,3% de los alumnos está en centros públicos; en Palencia, el 58,6%; y en Salamanca, el 65,7%. Teruel y Soria tienen el 100%. Y con el Grado Superior, igual. El porcentaje de alumnado matriculado en centros públicos es inferior en Burgos (61,9%), Palencia (76,1%) y Salamanca (77%). En Teruel, Soria y Zamora, el 100% de alumnado está matriculado en centros públicos. “Estas cifras son un indicador muy claro de la privatización de la educación en algunas regiones”, resume.

En la última década, además, varias provincias han cerrado líneas de FP en centros públicos y han abierto líneas en centros privados, liderando esta tendencia Jaén y Badajoz. “Si se pierden centros públicos y privados, dices ‘es normal’. Pero si se pierden públicos y se abren privados, es que la Administración está cerrando públicos y autorizando privados”, reflexiona Plaza. Esto es, argumenta, porque en algunos lugares hay un evidente déficit de inversión pública. “En los núcleos urbanos hay tanta gente que faltan plazas públicas y en el medio rural falta oferta pública, porque las administraciones no proveen las plazas según la demanda, sino según las necesidades de las empresas. Así, las personas que no logran acceder a la formación profesional que quieren estudiar en la pública se van a la privada, si pueden pagarla, pues la privada está con sobreoferta y sí puede programar a demanda de los estudiantes”, desarrolla.

Plaza alerta de que esto genera “grandes desigualdades”. “Quien puede, paga; quien no, acaba en formaciones no deseadas o dejando de estudiar”, denuncia, y recuerda que hay que tener “cuidado” con ciertos discursos, “perversos”, de las administraciones. “A un chaval que quiere estudiar enfermería pero no le llega la nota para la pública y no puede pagar la privada, intentarán convencerlo de que estudie soldadura, que le dará un trabajo en cuanto cumpla 18 años. A un chaval con dinero, nadie intentará convencerle de eso”.

Una inversión estable

“Es fundamental disponer de una inversión estable que favorezca una oferta de servicios públicos suficientes que permitan la cualificación profesional y la activación de la economía local”, reza un comunicado de prensa de CC OO. En este sentido, Plaza explica que abrir un centro de FP es caro. “Ha de ser un éxito. Para ello, o bien debe responder a las necesidades del tejido productivo ―si hay industria vitivinícola, pensemos en abrir un centro relacionado con el vino―, o apostar por especializarse en un sector que no tenga la zona, convirtiendo así el centro en un polo de atracción, o procurar potenciar la actividad turística sostenible en la zona”, afirma.

Por otra parte, asegura CC OO, es crucial “fortalecer la colaboración entre el sector público y el privado, además de poner en marcha la actualización de las titulaciones de FP —de preferencia, las relacionadas con la digitalización, la industria 4.0, la inteligencia artificial, la transición ecológica o la economía circular—, así como fortalecer las estancias formativas en empresas y entidades con derechos y relación laboral, impulsar la acreditación permanente de competencias y ampliar la oferta pública mediante el diseño de un mapa de la FP”.

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