El Tribunal Internacional de Justicia de Naciones Unidas (TIJ) ha ordenado este viernes a Israel que detenga de inmediato su ofensiva militar contra Rafah, en el sur de Gaza, y cualquier otra acción que pueda llevar a la destrucción total o parcial de los palestinos como grupo. Se trata de una nueva medida urgente adoptada a la vista de que la “catastrófica situación humanitaria” padecida por la población se ha convertido en “un desastre”, según la decisión. Los jueces exigen también que Israel mantenga abierto el paso de Rafah, fronterizo con Egipto, para que pueda entrar la ayuda humanitaria. Por último, piden al Gobierno de Benjamín Netanyahu que permita el acceso a Gaza a las comisiones de investigación enviadas por la ONU para que indaguen las alegaciones de genocidio efectuadas en la demanda presentada por Sudáfrica en diciembre pasado. Israel deberá informar al tribunal en el plazo de un mes de la aplicación de todas estas medidas, que evitan, sin embargo, exigir el fin completo de la invasión de Gaza.
Para el tribunal, la situación humanitaria se ha vuelto “desastrosa” con la intensificación de los bombardeos y las órdenes de evacuación forzosa de Rafah. De esta forma, los magistrados subrayan que las circunstancias son “excepcionalmente graves”. Así, en la lectura pública de la decisión, el presidente del TIJ, Nawaf Salam, ha recordado que desde el reciente inicio de la operación militar en Rafah al menos 800.000 personas —la gran mayoría de los 1,2 millones que se agolpan en ese pequeño territorio— han tenido que dejar esa ciudad del sur del enclave, y que “la evacuación y otras medidas” aplicadas por Israel para asegurar la seguridad de los civiles “no son suficientes y presentan un riesgo inminente para la población”. El tribunal incluso ha afirmado que no ha recibido “pruebas” de que el Gobierno israelí proporcione seguridad y garantías de acceso a unas condiciones humanitarias dignas.
La decisión de este viernes incluye unas medidas cautelares de emergencia, y de gran calado, para proteger a los palestinos que se refugian en Rafah, la última zona que Israel aún no controla del todo. El TIJ, el organismo de la ONU que dirime conflictos entre Estados, exige detener la ofensiva o cualquier otra acción contra “los palestinos como grupo” que pueda “imponer condiciones vitales que lleven a su destrucción física en todo o en parte”. El presidente del tribunal, Nawaf Salam, ha recordado el fondo del caso al afirmar que Israel debe permitir que se investiguen “las alegaciones de genocidio” presentadas por Sudáfrica, que denunció la ofensiva sobre Gaza el pasado diciembre ante el tribunal. La convención internacional sobre el genocidio lo define como la “eliminación sistemática de un grupo humano por motivos de raza, etnia, religión o nacionalidad” y el tribunal deberá decidir si Israel la ha incumplido.
Es la tercera vez que los jueces dictaminan en este caso desde que, el pasado enero, Sudáfrica presentara la demanda contra Israel por posibles “actos genocidas” en la Franja. Pretoria ha alegado que puede ser “la última oportunidad” del tribunal para garantizar la supervivencia de los gazatíes.
Las disposiciones reclamadas este viernes por el TIJ eran de emergencia por haberse intensificado los bombardeos de Israel —que no admite la competencia del tribunal para imponerle decisiones— en Rafah. El fondo del caso (si en Gaza se está cometiendo o no genocidio) no se aborda por ahora. En esa última fase, que puede tardar varios años en resolverse, deberá sustanciarse si ese ha producido, como denuncia Sudáfrica, ese crimen, el peor de los que denuncia en virtud de la violación de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio (1948) firmada por ambos países. En estos momentos, Pretoria sostiene que la legítima defensa de Israel contra los ataques de Hamás no puede traducirse en una violencia sin freno contra los civiles. Desde que comenzó la ofensiva israelí, a partir de los ataques de Hamás del 7 de octubre, la cifra de muertos en Gaza asciende a 35.800 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja.
Según Tembeka Ngcukaitobi, uno de los delegados de Sudáfrica ante el TIJ, la campaña militar israelí no solo ha provocado hambre y destruido infraestructuras. “La intención de Israel ha sido destruir la vida de los palestinos y Rafah es la última parada”. En las ocasiones anteriores, el tribunal concluyó que existía un riesgo de daño irreparable al derecho de los palestinos a ser protegidos de un genocidio. Por ello, el pasado 26 de enero, exigió primero a Israel la adopción de las medidas necesarias para impedir actos de esta clase, y que permitiese la entrega de ayuda humanitaria esencial para los palestinos. El 28 de marzo, y en una segunda ronda de medidas cautelares ampliadas, reclamó de nuevo que el Gobierno israelí evitase la hambruna en la Franja. Que atendiese las necesidades de la población y no vulnerara sus derechos.
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El Gobierno israelí responde, por el contrario, que solo lanzó su ataque después de que Hamás irrumpiera en su territorio el pasado 7 de octubre matando a 1.200 personas y tomando a más de 250 como rehenes, según su recuento. El primer ministro, Benjamín Netanyahu, rechaza, por otro lado, cualquier acusación de genocidio, y sus portavoces señalaron este jueves que “ningún poder sobre la Tierra impedirá a Israel proteger a sus ciudadanos y perseguir a Hamás en Gaza”, según dijo Avi Hyman.
La orden del TIJ obstaculiza la capacidad de Israel para proseguir como hasta ahora en Gaza. El TIJ es la máxima instancia judicial de la ONU y cabe también la posibilidad de que el Consejo de Seguridad, el órgano de control, vuelva a pronunciarse sobre esta guerra. Ya lo hizo en marzo pasado pidiendo un alto el fuego en Gaza después de que Estados Unidos no vetase la iniciativa. También se pidió la liberación inmediata e incondicional de los rehenes en manos de Hamás. Fue la primera vez que el Consejo hacía un llamamiento de estas características desde el inicio de la guerra en octubre. En estos momentos, la presión diplomática sobre Israel para que ponga fin a las hostilidades es mayor incluso. Y pese a que el TIJ carece de poder coercitivo, la repercusión internacional de sus medidas es visible. España, Irlanda y Noruega han anunciado que reconocerán al Estado Palestino la próxima semana. Aunque Palestina solo es un Estado observador en el seno de Naciones Unidas, ya la reconocen al menos 140 países del mundo.
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