El seguro escolar, un salvavidas para la salud mental juvenil: “Sin él estaría muerto” | Sociedad

Alejandro Aboy habla abiertamente sobre su trastorno de la conducta alimentaria. Quedan lejos ya las batas blancas, las básculas, los hospitales de día y las consultas psicológicas que lo rodearon durante meses hace cuatro años, cuando la anorexia aplastó su vida social, académica y familiar. Ahora, desde la perspectiva que confiere estar curado, este joven madrileño de 22 años reconoce que es de los que han tenido suerte. Porque ha podido salir del círculo vicioso de la alimentación disfuncional y porque lo ha hecho de manera totalmente gratuita, gracias a una prestación económica de un organismo público: el seguro escolar. Aunque no es muy conocida, miles de jóvenes como él se benefician cada año de esta ayuda, con la que pueden pagar diversos tratamientos en clínicas privadas. Su presupuesto en 2022 fue de 20.113.326 euros. De ellos, el 97% del total, 19.603.700 euros, se destinaron íntegramente a pagar tratamientos psicológicos y psiquiátricos para estos jóvenes en clínicas privadas de salud mental. “Sin ese seguro escolar, ahora estaría muerto”, asegura Aboy.

No son muchos los estudiantes o padres que saben de la existencia del seguro escolar. Cualquier alumno de España de entre 14 y 28 años puede utilizarlo para pagar algunos de sus tratamientos médicos en centros privados. La recaudación, a cargo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), se obtiene de un pequeño pago que las familias abonan, de manera casi automática, cada vez que hacen la matrícula del nuevo curso escolar. Son 2,24 euros. La mitad —1,12 euros—, la abonan las familias, y el resto lo pone el Ministerio de Seguridad Social. Aunque está diseñado para cubrir distintos tipos de servicios, desde cirugías o quimioterapias hasta el fallecimiento de un cabeza de familia, en realidad se destina casi en su totalidad a sufragar los procesos psiquiátricos y psicológicos en clínicas privadas de los estudiantes que lo piden. La prestación se ha convertido en un inesperado salvavidas para muchos jóvenes, en un momento de gran aumento de la demanda para cuidar la salud mental.

La anorexia fue una etapa negra en la vida de Aboy. Acudió a un centro privado especializado en el tratamiento de trastornos de la conducta alimentaria después de haber intentado recibir terapia en el servicio público de salud. Esperó semanas para la primera cita. Le pudieron ofrecer, como máximo, una sesión de 45 minutos al mes. “Me encantaría haberme podido curar en la sanidad pública, pero eso no era suficiente para lo grave que estaba”, recuerda.

Lo mismo le ocurrió a Inés, una joven de 22 años residente en Madrid, que también pasó por un trastorno de la conducta alimentaria. Sus padres la llevaron a las urgencias de un hospital público cuando ya era incapaz de comer nada, “como mucho un tomate al día”. Como les ofrecieron cita para una primera consulta a mes y medio vista, decidieron acudir a una clínica especializada. “Mi madre se indignó mucho”, recuerda la joven, que prefiere no dar su apellido. En la recepción del centro privado se enteró de que existía el seguro escolar, y le enseñaron cómo reclamarlo. Gracias a él, su familia pudo costearse el tratamiento: “Sin ese dinero no podría haber ido al hospital de día. Y salí de mi trastorno gracias a eso. Si no, no sé dónde estaría ahora. Seguramente muerta”, sentencia.

Unas 4.530 familias se beneficiaron de la ayuda en 2022, con la que pudieron pagar los tratamientos de salud mental de sus hijos, hermanos o los suyos propios en centros privados: 3.250 pacientes lo hicieron en la modalidad de internamiento —que incluye hospitales de día e ingresos— y 1.280 de ambulatorio. Prácticamente la misma cantidad de familias toman la decisión de recurrir al seguro escolar desde, por lo menos, 2015 —a excepción del periodo de pandemia—, porque o no pudieron o no quisieron acudir al sistema público.

Pero la demanda es tal que, a pesar de que el sistema recaudó mediante las cuotas de las matrículas hasta 8.840.959 euros en 2022, la propia Seguridad Social tuvo que destinar ese mismo año una partida extra de unos 11 millones de euros de los fondos públicos, para llegar a sumar así los poco más de 20 millones de euros de presupuesto total necesarios para atender las peticiones del seguro, según los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) obtenidos por EL PAÍS mediante el portal de transparencia. Fuentes del organismo atribuyen la elevada asignación de fondos a las clínicas de salud mental privadas a que los tratamientos de salud mental son muy caros, lo que incrementa el gasto total. “De accidente escolar hay prácticamente el mismo número de expedientes, pero el coste de la asistencia es menor”, explican.

Los expertos señalan que los problemas de salud mental requieren intervenciones muy especializadas. Para “curar” completamente un trastorno mental, como el alimenticio, hacen falta la convicción absoluta del paciente —porque sin ella no se avanza—, un equipo multidisciplinar bien coordinado que le acompañe en todo momento y mucho tiempo. Los tratamientos pueden durar años, algo muy complicado de garantizar en el actual Sistema Nacional de Salud. Además, debido a la gran demanda en el sistema público, se establecen criterios de gravedad para atender a los pacientes.

Para Aboy y para Inés, es esencial insistir en una idea: “No hace falta tocar fondo para pedir ayuda”. “Todos merecemos apoyo en cualquier estadio de la enfermedad. Sentir que si no estás en el pozo no mereces que te ayuden es muy duro, además de insano. Nunca piensas que estás lo suficientemente mal”, critica Aboy. En ese sentido, Inés opina que el tratamiento en la pública se ve más limitado: “Está enfocado en recuperar el peso o evitar los síntomas urgentes. Pero, sin un seguimiento a largo plazo, el paciente puede recaer con facilidad”.

“Si queremos resultados que se mantengan a largo plazo, no podemos limitarnos a tratar los síntomas, sino el malestar psicológico que los explica y mantiene”, considera Antoni Grau, director clínico de Ita Salud Mental, uno de los gigantes empresariales del sector en España. Los centros privados ofrecen tratamientos especializados de larga duración, que permiten no solo reducir todas las conductas dañinas, sino también buscar y tratar lo que las provoca en sesiones de terapia individual y grupal semanales. Algunos centros incluyen varias comidas al día y cuentan también con servicios adicionales, como los de nutricionistas o terapeutas ocupacionales. Todo ello reduce el riesgo de posibles recaídas en el futuro. Son una opción estructurada, explica Grau, que funciona: “El 85% de los pacientes consiguen los objetivos propuestos por el tratamiento o una mejora clínicamente muy significativa”. Ita Salud Mental trata a más de 9.000 pacientes de todas las edades al año, según los datos de actividad de la empresa en 2022. De ellos, un 17%, unos 1.400, recurre a la prestación del seguro escolar.

Las cifras de suicidios juveniles, intentos de suicidio y conductas autolíticas en adolescentes han crecido prácticamente sin freno desde el confinamiento. En 2021 se suicidaron 22 menores de entre 10 y 14 años en España, la cifra más alta desde 1991, según el Instituto Nacional de Estadística. El teléfono de ayuda para jóvenes con pensamientos suicidas de la Fundación Anar atendió 4.554 llamadas el año pasado, frente a las 958 de 2019. “Con demasiada frecuencia recibimos a pacientes con muchos tratamientos ya fracasados. Si analizamos qué no ha ido bien, observamos que, o bien el tratamiento no ha sido llevado a cabo por un equipo especializado e interdisciplinar, o que el paciente ha recibido una intervención centrada exclusivamente en paliar los síntomas”, corrobora Grau.

El seguro escolar cubre la totalidad o gran parte del tratamiento, tanto en la modalidad de internamiento como en la de ambulatorio, y no depende de la renta familiar. Un mes de ingreso en un hospital psiquiátrico privado en Madrid, por ejemplo, puede llegar a costar 5.250 euros al mes. Un hospital de día a tiempo completo en la misma ciudad durante los cinco días de la semana, más de 900 euros mensuales. “Esos precios ya son de por sí prohibitivos. Dejan fuera a muchas familias que no los pueden pagar. Imagínate sin el seguro [escolar]”, expresa Aboy.

Manuel Faraco es director médico de Adalmed, un centro privado especializado en el tratamiento de TCA en Madrid. El mismo al que acudió Aboy cuando decidió que necesitaba ayuda. “Si se eliminara la prestación del seguro, solo podrían continuar con sus tratamientos las familias con mucho dinero”, asegura. El psiquiatra explica que, además del impacto de la pandemia en el empeoramiento de la salud mental de la población, las redes sociales también contribuyen a disparar problemas como los trastornos de la conducta alimentaria, de la personalidad o las autolesiones. “Ahora tenemos una demanda brutal, de un 30% a un 40% superior a la de años anteriores. La lista de espera está hasta los topes, y eso que hemos abierto dos centros más. La gente se queja, pero no podemos absorber a más pacientes”, lamenta.

Fallos en la tramitación

No todas las comunidades autónomas mantienen la prestación del seguro escolar con la regulación nacional. A algunas —Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Castilla La Mancha, Extremadura y País Vasco— se les ha transferido la gestión. Y, en algunas de ellas, se ha eliminado la prestación de neuropsiquiatría del seguro escolar. La gestión del seguro escolar por parte del INSS varía también dependiendo de la provincia, y los centros especializados denuncian fallos en su tramitación. “Este año nos han pagado facturas del 2018, y siguen todavía abonándonos muchas de 2019″, critica Faraco. Es decir que, en la práctica, muchos centros privados han estado financiando durante años los tratamientos de sus propios pacientes. Estos adelantos y las demoras en la devolución endeudan a algunos centros y afectan a la viabilidad económica de los más pequeños. Desde el INSS aseguran que los retrasos pueden tener su justificación en el volumen de expedientes que presenta cada provincia, así como en la presentación tardía de las facturas por parte de las clínicas.

Grau explica que casi todos los centros de Ita Salud Mental asumen el coste del tratamiento de sus pacientes hasta que el INSS hace efectivo el pago de la factura, “con independencia del tiempo que se tarde en hacerse efectivo este pago”. A pesar de ello, siguen quedando pacientes que no logran vencer a la enfermedad, por múltiples razones. Una de ellas es que el seguro escolar cubre únicamente un máximo de dos años de tratamiento, por lo que algunos pacientes se ven obligados a abandonarlo a la mitad. Tanto Faraco como Grau aseguran que las clínicas hacen lo posible por buscar fuentes de financiación alternativas que posibiliten a los pacientes continuar con la terapia, a pesar de no tener medios económicos suficientes. “Aunque no siempre es posible”, admite el segundo.

Aboy e Inés están mejor. Los dos terminaron sus respectivos tratamientos de hospital de día y siguen con las sesiones individuales de terapia. Por precaución, para seguir creciendo y cuidándose. Dicen que sería un “desastre” si se eliminara cualquier opción de tratamiento. “Porque hay pocas”.

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