Las instituciones europeas no apretarán el botón nuclear contra Polonia por sus ataques a la independencia judicial y otras agresiones al Estado de derecho. La Comisión Europea ha anunciado este mediodía que cierra el expediente sancionador abierto en 2017 que podría haber acabado en el castigo máximo de la retirada del voto al Gobierno polaco en el Consejo de la UE, una medida nunca aplicada. “Polonia ha lanzado medidas legislativas y no legislativas para abordar la preocupación [de la Comisión] sobre la independencia judicial, ha reconocido la supremacía del derecho de la UE [sobre el nacional] y se ha comprometido a aplicar las sentencias del Tribunal de Justicia de la UE y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, ha argumentado el Ejecutivo para justificar la decisión, que llega a pocas semanas de las elecciones europeas.
El paso dado este lunes no es todavía definitivo, puesto que tiene que ratificarse por los demás Estados miembros en el Consejo de la UE. Precisamente es esa institución la que no ha mostrado un excesivo entusiasmo por sancionar a Polonia desde que se lanzó la propuesta hace ya siete años por las violaciones del anterior Gobierno polaco, liderado por los ultraconservadores de Ley y Justicia (PiS, por sus siglas polacas), contra la independencia judicial. En consecuencia, no parece difícil que este se ratifique sin mucha dificultad la iniciativa de la Comisión.
Hace apenas seis meses que hubo un cambio de Gobierno en Varsovia. Los ultraconservadores no renovaron su mayoría en las elecciones de octubre y quien ya había sido primer ministro, Donald Tusk, de la familia del Partido Popular Europeo, recuperó el cargo con el respaldo de una amplia coalición. Tusk, que también llegó a ser presidente del Consejo Europeo, regresó al poder en Polonia con el compromiso de deshacer el camino andado durante los ocho años de Gobierno del PiS. En este tiempo, ya se ha visto que la Comisión Europea, liderada por la también popular Ursula von der Leyen, ha mostrado satisfacción con la tarea iniciada en Varsovia.
Today, marks a new chapter for Poland.
After more than 6 years, we believe that the Article 7 procedure can be closed.
I congratulate PM @donaldtusk and his government on this important breakthrough.
This is a result of 🇵🇱 hard work and determined reform efforts.
— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 6, 2024
La Comisión ha negado que se trate de un gesto político ahora que el Gobierno polaco está en manos del conservador Tusk, al frente de una coalición liberal. “El nuestro es un análisis de riesgo de una seria violación del Estado de derecho y, por primera vez en muchos años, hemos visto un compromiso claro de Polonia y unos primeros pasos concretos”, ha argumentado el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand. Ese nuevo escenario ha llevado a Bruselas a considerar que “el análisis de los riesgos al Estado de derecho en Polonia ha cambiado”, ha añadido.
Ya antes de esta decisión Bruselas había probado que se fiaba del nuevo Gobierno. A mitad de abril, aprobó la entrega de 6.300 millones de euros a Varsovia correspondientes al primer pago del plan de recuperación polaco. Hasta entonces todo el dinero de este fondo y el de cohesión estaba congelado por la falta de avances en la restauración del Estado de derecho. La Comisión afirmó entonces que Polonia ya había dado paso contundentes en esta dirección y liberó el primer tramo de fondos. Y antes, incluso, en febrero, durante una visita a Polonia, la presidenta Von der Leyen ya había anunciado que el dinero iba a comenzar a fluir. En total, los recursos congelados ascendían entonces a 137.000 millones: 76.500 correspondientes a los fondos de cohesión y cerca de 60.000 del plan de recuperación.
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“Felicito al primer ministro Donald Tusk y a su Gobierno por este importante avance. Es el resultado de su duro trabajo y de sus decididos esfuerzos de reforma”, ha aplaudido la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, quien además es la candidata de la familia popular europea, a la que pertenece Donald Tusk, para repetir en su puesto actual tras las elecciones europeas que se celebran entre el 6 y el 9 de junio próximos.
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